Introducción
En 2024, se elaboró el primer diagnóstico nacional independiente sobre el estado del tema de discapacidad en el sector público guatemalteco, como paso inicial en la construcción del Índice de Inclusión y Discapacidad (IID). Este esfuerzo se basa en la recopilación y análisis de información proveniente de 22 instituciones del Ejecutivo y entes autónomos, con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y su incorporación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
📋 Metodología Mixta Aplicada:
- Solicitudes formales de información pública (Ley de Acceso a la Información Pública).
- Análisis documental de normativas internas y asignaciones presupuestarias.
- Revisión técnica de accesibilidad física y accesibilidad digital (WCAG).
- Categorización cualitativa del desempeño e integración institucional.
El resultado fue un análisis profundo que permitió identificar avances, omisiones, contradicciones entre discurso y acción, y carencias estructurales en el aparato estatal respecto a la inclusión de las personas con discapacidad. Este esfuerzo constituye la línea base técnica y crítica sobre la cual se construye el IID.
📊 Principales hallazgos del Informe 2024
Contratación Laboral en el Estado
- Solo 13 instituciones reportaron datos sobre personal con discapacidad contratado.
- Se identificaron 88 personas contratadas bajo renglón 011 (permanente) y 35 bajo renglón 029 (servicios técnicos/profesionales).
- Total acumulado de 123 personas con discapacidad laborando en las 22 instituciones evaluadas.
- Esta cifra representa un porcentaje mínimo e insignificante en comparación con el total de servidores públicos del país.
Asignación Presupuestaria
- El presupuesto total reportado directamente para el tema de discapacidad en 2024 fue de Q29,982,729.
- Esta cifra resulta completamente marginal al compararse con el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.
- Para el ejercicio fiscal 2025, ninguna institución reportó una asignación presupuestaria específica para programas de inclusión o accesibilidad.
Normativa y Acciones Institucionales
- La mayoría de instituciones no cuentan con normativas internas ni protocolos de inclusión laboral o atención accesible.
- Las acciones reportadas suelen ser puntuales, simbólicas o reactivas (ej. celebraciones de días conmemorativos), desprovistas de una estructura programática continua.
Accesibilidad y Transversalización
- Se evidencian barreras físicas y digitales generalizadas en las sedes e interfaces institucionales.
- Pocas instituciones han auditado sus portales web conforme a estándares de accesibilidad universal WCAG 2.1.
- El tema de discapacidad no está transversalizado en los planes operativos anuales (POA).
- La participación activa de personas con discapacidad en el diseño y monitoreo de políticas públicas es casi inexistente.
Conclusión preliminar del Sector Público
El análisis demuestra que el Estado guatemalteco sigue sin cumplir plenamente sus obligaciones internacionales asumidas ante la Convención CDPD de las Naciones Unidas. Las acciones del sector público son, en su mayoría, reactivas, dispersas y desprovistas de enfoque de derechos y presupuesto estructural. Este vacío perpetúa la exclusión de las personas con discapacidad en múltiples ámbitos de la vida pública nacional.
El IID tiene como meta visibilizar estos vacíos, promover rendición de cuentas pública, y contribuir a que las instituciones estatales transformen su discurso formal en acción real, accesible y medible.